CRUJE UN SISTEMA MAFIOSO

El coraje del pueblo tucumano, reprimido y maltratado, fue protagonista
El coraje del pueblo tucumano, reprimido y maltratado, fue protagonista

GZT anticipó la nulidad de las elecciones en Tucumán una hora antes que se diese a conocer el fallo. La Justicia puso sobre un tembladeral el sistema político mafioso y fraudulento que mantiene en el poder a los caciques del norte y al peronismo en general hace 25 años.

*Por Horacio Minotti. Director periodístico
*Por Horacio Minotti. Director periodístico

Lo más prudente en este caso, es empezar por el final. Luego de conocido el fallo de la justicia tucumana anulando el proceso electoral y ordenando que se convoque a uno nuevo, se conocieron diversas declaración de funcionarios oficialistas, todas en el mismo sentido. Por caso, tomamos dos que resultan representativas. Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación: “esto es un golpe de estado institucional”. Aníbal Fernández, jefe de gabinete: “el fallo es destituyente y va a terminar en la Corte”.

Es realmente llamativa la falta de imaginación del kirchnerismo, que ha usado las mismas cuatro o cinco etiquetas a los largo de los últimos 12 años, para señalar aquellas cosas que no le convienen o no son de su agrado. Por algún tiempo, usaron las viejas etiquetas del peronismo, que cuando carecía de argumentos para discutir con alguien determinado tema, simplemente lo llamaba “gorila” y con eso daba por terminado el diálogo.  Se escribió hace poco en este mismo portal, “dicen que cree el ladrón que todos son de su condición”, y el kirchnerismo llegó al poder favorecido por una serie de maniobras políticas que empujaron de la Rosada a Fernando De la Rúa, más allá de sus propias torpezas.

Ahora bien términos de funcionamiento institucional y para que queda claro, una sentencia judicial no puede ser nunca un golpe de estado ni tampoco destituyente. El oficialismo no ha entendido jamás el verdadero rol del Poder Judicial o ha pretendido no entenderlo: es el poder del Estado que debe controlar la legalidad de los actos jurídicos. Si uno de ellos se considera viciado, se anula. Es simple. Si usted firma un contrato conmigo, y luego va a la Justicia y prueba que firmó presionado por tres matones armados, no solamente yo sufriré las consecuencias penales, sino que además el contrato se anula.

Un acto electoral es un acto jurídico. Si el mismo estuvo plagado de vicios, como quema de urnas, robo de boletas, compra de votos, es por lógica nulo. Y que hayan hecho lo mismo durante 25 años sin nadie haya hecho nada al respecto, no cambia su carácter de nulo. Si yo firmé 100 contratos en las condiciones arriba referidas y nunca me denunciaron, no puedo alegar cuando el perjudicado por el contrato 101 me denuncia, que yo estaba chocho como venía y que ahora me están dando un golpe de estado.

Pero Fernández se involucra en el terreno del ridículo, cuando agrega “y esto va a llegar a la Corte” a modo de amenaza. Es la Corte Suprema a la que han acusado de golpista y destituyente al menos una decena de veces.

Lo cierto es que, el fallo dispara consecuencias socio-políticas, porque lo que pone en tela de juicio es la subsistencia de una mecánica fraudulenta y descarada, que se impone en buena parte de la Argentina cada vez que hay un proceso electoral. Si los gobernadores, intendentes, punteros, saben que ante una serie de hechos ilícitos la Justicia podría anular la elección, ¿como mantienen su esquema de poder que solamente se basa en tales maniobras?.

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, bien podría ser el principio del fin, del modo en que se mantienen en el poder no solo José Alperovich y Juan Manzur en Tucumán, también Gildo Insfrán en Formosa, la dupla Eduardo Fellner-Milagros Sala en Jujuy, Gerardo Zamora y su mujer Claudio Ledesma en Santiago del Estero, Luis Beder Herrera en La Rioja, los Sapag en Neuquén; etc.

Y con todos ellos, ponen crisis también la subsistencia del peronismo a nivel nacional. Porque cuando como en este proceso electoral, tienen un contendiente que les pone las cosas parejas, terminan inclinando la balanza a su favor, con la diferencia que hacen en estas provincias con baja cantidad de electores, pero que sumadas pueden definir el resultado. Si les emparejan la Provincia de Buenos Aires, y pierden la Ciudad, Santa Fe y Córdoba, el recurso para mantenerse es hacer una diferencia tunecina en esas provincias, donde sacan ridículos e improbables guarismos todos cercanos al 70% de los votos. Revise el lector en internet los resultados de las últimas tres elecciones en cada una de las provincias mencionadas: el promedio ronda el 70%.

Pero los crujidos del sistema son una muy buena noticia para los ciudadanos. Tanto como mala para la mafia enquistada en el poder, que no se ha contentado con robarse los dineros del pueblo, sino que además se ha robado por años su voluntad, ha asaltado el soberano en su decisión legítima, transformándola en otra, conveniente para ellos.

Toda la Argentina cruje y se conmueve, y así debe ser. Los ciclos fraudulentos también llegan a su fin. La generación del ’80 encontró límite en la Ley Sáenz Peña, el PRI en México también debió una vez ceder el poder y transformarse en un partido más, sujeto a las normas que rigen a todos por igual.

El sistema de la ilegalidad, del hecho sobre el derecho, de las mafias, se empieza a resquebrajar. Falta que se desmorone, y un nuevo esquema de primacía de la ley del pueblo sobre los intereses particulares, se construya. Es un proceso y tal vez genere algo de incertidumbre, de desconcierto y de reacomodamiento, incluso de aquellos agentes políticos que gustan de manejarse al amparo del derecho, pero que venían acostumbrados a batallar permanentemente, en soledad, contra la ilegalidad. Pero es el auspicio de un futuro mejor, que disfrutarán las nuevas generaciones.

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